Policía y Democracia en América Latina (1-3)


POR SANDY M. MOTA
Una de las principales homogeneidades de América Latina de los sesenta, setenta y ochenta fue la de contar con regímenes autoritarios cuando las instituciones policiales jugaron un rol relevante en la represión de los políticos opositores, en el control social y al considerar como una amenaza a los diferentes actores sociales. Fue por eso que el proceso de transición hacia la democracia generó la incertidumbre sobre cómo hacer posible que los organismos encargados de velar por el orden público pudieran asumir un nuevo rol en el contexto democrático; que se debieran a los ciudadanos y que consideren sus expectativas y demandas. La nueva ola de libertades públicas, específicamente la tercera, demandó de la policía, y de las instituciones de la seguridad del Estado, su ajuste al estado de derecho y que fueran eficaces en responder a las demandas ciudadanas por mayor seguridad pública y, sobre todo, a tener otra relación con la ciudadanía. Es por eso que desde comienzo de los años noventa cada anuncio de reforma policial realizada en la región ha tenido que contar con un  programa dirigido a mejorar las relaciones entre la policía y la comunidad. 
La inseguridad pública es un síntoma generalizado en la región, y es así en la medida en que los procesos de consolidación relativa de la democracia en América Latina y el Caribe están todavía acompañados por la persistencia de la desigualdad y por el fenómeno de incremento de la criminalidad y la violencia. Estos dos fenómenos están perjudicando el potencial desarrollo económico y social de los países de la región. 
En toda América Latina se observa una línea ascendente en las denuncias por actos delictivos, lo que ha llevado a las autoridades a incrementar el número de policías, y en muchos casos de militares, y de utilización de costosos sistemas de video-vigilancia en las calles para recobrar la percepción de seguridad, lo que no ha sido secundado por una reforma policial, repitiendo prácticas heredadas de la dictadura. A esto se suman las reformas a los sistemas de justicia que, aunque administrativamente han implicado un mejor comportamiento, han generado también una importante alteración en las expectativas sociales ya que el público muchas veces espera decisiones más punitivas de parte del sistema frente a las transgresiones de la ley. Todo ello aporta significativamente en la pérdida de confianza en el Estado como ente de establecer un control efectivo del sistema social.  
Entrada la década de los ochenta, el debate sobre la seguridad pública en América Latina se centró en la interrogante del carácter policial para, por una parte, desarrollar su eficiencia y eficacia en el control del delito local y transnacional, y en segundo lugar, respecto de su adaptación, o no, a un entorno de control civil democrático. Según Hugo Fruhling Ehrlich, tres factores han condicionado los procesos de reforma en algunas policías: los procesos de democratización, el fuerte incremento en la cantidad de delitos comunes, y los procesos de reforma del Estado que busca reducir su tamaño y descentralizarlo. Sostiene que entre los principales problemas en la implementación de programas de reforma se destacan la relación conflictiva entre la policía y la comunidad, y las relaciones entre las policías y otras instancias del Estado involucradas en el tratamiento del problema de seguridad (Ehrlich, 2009). 

Vendría a ser por ello que las instituciones policiales latinoamericanas ejercen importantes mecanismos de presión para evitar reformas y, una vez implementadas, para retrotraer las normas a lo que existía previamente. Glaudio Fuentes Saavedra indica que el desprestigio y la pérdida de apoyo social hacia las instituciones policiales, salvo el caso de Chile,  han ido en constante aumento en los países de América Latina. Asegura, después de estudiar cada caso en particular, que la policía, aún en aquellos países donde aparecen experiencias exitosas, estaría pasando el peor momento de su historia. Destaca que en ningún caso, salvo el país que hizo referencia anteriormente, la policía cuenta con la confianza de la población dado su poco profesionalismo y la permanencia de gatillos alegres (Saavedra, 2003). 
Es importante destacar que el diseño y ejecución de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana se produjeron y se producen en contextos muy particulares en América Latina, que imponen las decisiones que se establecen. En parte se ve determinado por las guías valóricas prevalecientes en la cultura política de cada sociedad particular en las que se aplican, pero también influye el estilo y valores de los decisores y ejecutores de políticas públicas. Ejemplo de esto es que el análisis de políticas de seguridad aplicadas en diversos países latinoamericanos demuestra que “la mano dura” obedece en parte a los valores conservadores prevalecientes en actores estatales que las han impulsado; pero también a la percepción de éstos de que tales políticas encontrarán apoyo en la opinión pública.  Vendría a ser por eso que una de las preguntas más comunes entre los académicos dedicados a este tema es ¿por qué en algunos casos las políticas de mano dura atraen electores mientras que en otros casos generan el rechazo público?  
Otro aspecto relevante en el ámbito de la seguridad ciudadana es la implementación de medidas en el desarrollo de una campaña electoral. En una democracia los políticos buscan como mínimo dejar un legado de su administración y como máximo asegurar su reelección o la de sus compañeros de partidos, o la de sus aliados coyunturales. En este período, cualquier discusión sobre la naturaleza y características de una política de seguridad pública necesariamente considera su impacto en las elecciones. Esto ha sido evidente en lo concerniente a políticas de “mano dura” o de “súper mano dura” implementadas en varios países de América Latina (Saavedra, 2011). Claudio Fuentes indica que algunos autores han destacado una oscilación desde políticas que buscan reducir la delincuencia mediante ofertas de mayor dureza frente al crimen particularmente en períodos electorales, hasta políticas que protegen los derechos de las víctimas de la violencia y abuso policial en época post-electoral (Fuentes, 2005).  
Fuentes Saavedra que uno de los ejes de debate de los académicos enfocados en el tema de la seguridad pública está enfocado en las preguntas: ¿Es posible implementar políticas de prevención cuando la cultura de la policía se centra en el control social y se observa a los actores sociales como amenaza? ¿Se pueden construir modelos de policía comunitaria en contextos donde existen policías militarizadas y jerárquicas? O de forma contraria, ¿Es aconsejable descentralizar el mando cuando hay experiencias de corrupción y reducidos niveles de controles jerárquicos en policías descentralizadas? ¿Cómo inciden las reformas a los sistemas de justicia de tipo garantistas con estructuras organizacionales de la policía represivos? ¿Existe una correspondencia entre una cultura de autonomía institucional y abusos a los derechos humanos en contextos de libertades públicas?  
Es importante destacar que en el ámbito académico el debate sobre el tema de la seguridad pública se ha concentrado en tres ejes principales: los determinantes institucionales que obstaculizan determinadas reformas; las causas de la violencia y la evaluación de los instrumentos para medirla; y en relación entre percepción entre inseguridad y política pública. 

En la actualidad, la región cuenta con diagnósticos para convencer al poder político y económico de cada país a poner interés en que los cambios se produzcan y comenzar a ver como prioridad el tema de la seguridad ciudadana; en pocas palabras “La seguridad es asunto de todos”. La creciente inseguridad, objetiva y subjetiva, exige, en términos de políticas públicas, una mayor concertación de esfuerzos entre los diferentes niveles de cada gobierno, así como capacidades para elaborar e implementar políticas, definir prioridades en los diferentes niveles y, considerando que el sistema se desenvuelve en un ambiente de recursos siempre escasos, capacidades de ejecución y administración de esos recursos.  
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Sobre Bryan Delmomento

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